A su vez se autorizó a la presidencia del STJ a suscribir, con la autoridad de aplicación –el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos–, los convenios de colaboración y asistencia recíproca necesarios a fin de coordinar la implementación, dictado y certificación del programa.

De esta manera, los agentes, funcionarios/as y magistrados/as recibirán una formación continua, obligatoria y permanente en derechos de infancias y adolescencias.

Con la aplicación de este programa, La Pampa efectivizó el cumplimiento de la ley nacional 27.709, también conocida como Ley Lucio, en referencia a Lucio Dupuy, el niño de cinco años al que su madre y su pareja mataron el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa.

El texto del Ejecutivo –que había invitado al Poder Judicial a sumarse a esta iniciativa– prevé que la capacitación se rija por los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la ley nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley provincial Nº 2.703, por la que La Provincia adhirió a esa norma.

Oportunamente, cuando el programa fue anunciado en un acto público por las máximas autoridades pampeanas; el presidente del STJ, Hugo Oscar Díaz, participó del lanzamiento.

El decreto establece tres objetivos centrales: a) asegurar la transversalización de la perspectiva de infancias y adolescencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas provinciales; b) brindar herramientas conceptuales y prácticas para la detección temprana de situaciones de violencias, maltrato o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA); y c) consolidar mecanismos institucionales de articulación operativa con el Sistema de Protección Integral.